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Han pasado ya dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) dictara las sentencias en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me’phaa de Guerrero que fueron abusadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano. En todo este tiempo y a más de una década de las violaciones, todavía reina la impunidad. La nada transparente y hermética “justicia castrense” sigue oculta tras una cortina de hierro y no se ha logrado que los responsables sean llevados a un juicio civil. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha llevada el caso de las dos mujeres, apuntó que el Estado mexicano todavía no ha hecho lo necesario para cumplir las sentencias –las cuales comprenden 16 resolutivos en el caso de Inés, quien tenía 25 años cuando fue abusada en el año 2002, y 17 en el de Valentina, quien tenía 17 años–. A pesar de que ya es el segundo aniversario de que la CorIDH emitiera las sentencias de los casos con...

Los crímenes cometidos por militares no son juzgados de la misma forma ni por las mismas autoridades que los hechos por manos de la sociedad civil. Se han presentado numeroso casos donde los elementos castrenses incurren en violaciones a los Derechos Humanos, pero las víctimas no reciben justicia o nunca pueden comprobarlo por el hermetismo que gira en torno al sistema de justicia del ejército. A partir de este lunes seis de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó una serie de discusiones en torno al fuero militar; por el momento hay 30 casos documentados y denunciados de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos contra la salud a manos del Ejército, vinculados a la extensión del fuero militar. Varias organizaciones tanto nacionales como internacionales –entre ellas las Clínicas Internacionales de Derechos Humanos de las facultades de Derecho de la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard unificadas bajo el nombre de “Amigo...

El día de ayer fue liberado Maximino García Catarino, activista defensor de los Derechos de los pueblos indígenas, quien es también uno de los líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). El indígena Na’ Savi fue acusado injustamente el 21 de enero del homicidio de Juan Teodoro García el febrero del año pasado. Desde que salió de la cárcel, García denunció haber recibido varias amenazas de muerte de miembros de grupos paramilitares que operan en la entidad, quienes también son informantes del Ejército y miembros de la delincuencia que operan concretamente en el municipio de Ayutla de Los Libres. "Nomás puse un pie afuera de la cárcel y de inmediato me dijo la gente de mi pueblo, allá en Juquila, que habían hablado por teléfono de que me van a matar porque no les gustó que haya salido libre", dijo el líder indígena durante una rueda de prensa en la cual participaron también abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinol...