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En 2010, Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados mientras se dirigían con otros 22 defensores de Derechos Humanos al conflictivo municipio Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, en una caravana humanitaria. El caso, que sigue en la impunidad, fue tomado por los abogados mexicanos Michelle Salas y David Peña, quienes buscan demandar al entonces Gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, a quien se ha señalado como cómplice del ataque con armas de fuego a los activistas, mismo que quitó la vida a Bety y a Jyri. Los juristas consideran que el ex mandatario priista y varios funcionarios de su administración apoyaban a la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar que hoy en día tiene el control de San Juan Copala y fue responsable de abrir fuego contra los defensores. En rueda de prensa, David Peña recordó que fue el propio Ulises Ruiz quien reconoció públicamente que daba dinero al Ubisort “para programas sociales”, y que no era su culpa si usaba los...