En 2010, Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron
asesinados mientras se dirigían con otros 22 defensores de Derechos Humanos al
conflictivo municipio Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, en una caravana humanitaria.
El caso, que sigue en la impunidad, fue tomado por
los abogados mexicanos Michelle Salas y David Peña, quienes buscan demandar al
entonces Gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, a quien se ha señalado como
cómplice del ataque con armas de fuego a los activistas, mismo que quitó la
vida a Bety y a Jyri.
Los juristas consideran que el ex mandatario priista
y varios funcionarios de su administración apoyaban a la Unidad
de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar que hoy en
día tiene el control de San Juan Copala y fue responsable de abrir fuego contra
los defensores.
En rueda de
prensa, David Peña recordó que fue el propio Ulises Ruiz quien reconoció
públicamente que daba dinero al Ubisort “para programas sociales”, y que no era
su culpa si usaba los recursos para comprar armas.
Los
abogados, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Defensores
presentarán el caso ante la Fiscalía de Finlandia –de donde era originario
Jyri– a la par de que las autoridades mexicanas continúan el juicio abierto por
los asesinatos.
A pesar de
que la Procuraduría General de Justicia
del estado de Oaxaca giró 12 órdenes de aprehensión contra los presuntos
asesinos, no consideraron el delito de tentativa de homicidio contra los demás
participantes de la caravana humanitaria.
La fiscalía especializada encargada del caso tiene seis meses –desde el
pasado 27 de septiembre cuando se giraron las órdenes– para seguir juntando
pruebas. Actualmente el líder de Ubisort, Rufino Juárez Hernández, se encuentra
preso esperando su juicio.
La petición de juicio contra el ex Gobernador oaxaqueño se hará en
conjunto con abogados internacionales, buscando que las autoridades mexicanas
manden información y evidencia a Finlandia.
Por @aranhera
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