Los
crímenes cometidos por militares no son juzgados de la misma forma ni por las
mismas autoridades que los hechos por manos de la sociedad civil. Se han
presentado numeroso casos donde los elementos castrenses incurren en
violaciones a los Derechos Humanos, pero las víctimas no reciben justicia o
nunca pueden comprobarlo por el hermetismo que gira en torno al sistema de
justicia del ejército.
A
partir de este lunes seis de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) comenzó una serie de discusiones en torno al fuero militar; por el
momento hay 30 casos documentados y denunciados de víctimas de violaciones de
Derechos Humanos y delitos contra la salud a manos del Ejército, vinculados a
la extensión del fuero militar.
Varias
organizaciones tanto nacionales como internacionales –entre ellas las Clínicas
Internacionales de Derechos Humanos de las facultades de Derecho de la
Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard unificadas bajo el nombre
de “Amigos de la Corte”, el Instituto de Defensa Legal de Perú, el Centro de
Estudios Legales y Sociales de Argentina, la Comisión Internacional de Juristas
(CIJ) y la Comisión Colombiana de Juristas – pidieron a la SCJN que restringa
de manera definitiva que los militares sean enjuiciados por la justica civil en
casos de violaciones a los Derechos Humanos.
En
un escrito, los “Amigos de la Corte” explican que el artículo 57 del Código de
Justicia Militar mexicano “extiende el campo de aplicación del fuero militar al
generalizar como delitos contra la disciplina militar 'cualquier' delito
cometido por un militar en servicio. Este lenguaje contribuye a que una gama de
delitos puedan ser conocidos por el fuero militar independientemente de si el
bien jurídico esté vinculado o no al orden militar".
También
el centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, se ha
sumado a la exigencia mediante una campaña, pues lleva el caso del indígena
naua Bonfilio Rubio Villegas quien fue asesinado arbitrariamente en 2009 a
manos de elementos castrenses; se ha pedido que éste sea trasladado a
instancias civiles y hasta ahora permanece en los tribunales militares.
Los
integrantes de Tlachinollan están apoyados por otras organizaciones como el
Centro PRODH y Amnistía Internacional, y reiteran que la discusión iniciada hoy
“puede significar no sólo que la familia de Bonfilio Villegas, acceda a la
justicia en instancias judiciales independientes, sino que también que se zanje
de una vez por todas el debate jurídico sobre la extensión del fuero militar en
México.”
Por @aranhera
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