El día de ayer fue liberado Maximino García Catarino,
activista defensor de los Derechos de los pueblos indígenas, quien es también uno
de los líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
El indígena
Na’ Savi fue acusado injustamente el 21 de enero del homicidio de Juan Teodoro
García el febrero del año pasado.
Desde que
salió de la cárcel, García denunció haber recibido varias amenazas de muerte de
miembros de grupos paramilitares que operan en la entidad, quienes también son
informantes del Ejército y miembros de la delincuencia que operan concretamente
en el municipio de Ayutla de Los Libres.
"Nomás
puse un pie afuera de la cárcel y de inmediato me dijo la gente de mi pueblo,
allá en Juquila, que habían hablado por teléfono de que me van a matar porque
no les gustó que haya salido libre", dijo el líder indígena durante una
rueda de prensa en la cual participaron también abogados del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como Rupert Knox, Investigador de
Amnistía Internacional (AI) en México.
García
Catarino confesó que le da “mucho miedo“ regresar a su pueblo, ante lo cual Knox,
en representación de Amnistía, pidió a las autoridades garantizar la seguridad
del Defensor, considerando que “la revisión del caso por el Tribunal Superior
no debe ser el final del proceso: los policías, el ministerio público y los
funcionarios judiciales implicados en la detención de Maximino García deben
rendir cuentas por las acciones que han resultado en este proceso irregular e
infundado."
En un
comunicado oficial publicado este miércoles, AI determina que “el Estado
también tiene la obligación de garantizar la protección a los miembros de la
familia de Maximino García y de los demás miembros de OFPM, según sus deseos y
de cancelar las órdenes de aprehensión contra los otros cinco miembros del OFPM
que fueron parte de la misma causa penal que Maximino García”.
Asimismo, Knox
considera que es primordial que se acabe con “la impunidad de los funcionarios
que se prestan al mal uso del sistema de justicia para perseguir activistas y
defensores de derechos humanos en Guerrero".
AI tiene
documentados varios casos de ataques contra defensores en Guerrero,
concretamente en dicha región: en 2008, cinco activistas indígenas de la
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) fueron encarcelados
injustamente, y los líderes de la OFPM Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron
asesinados –cabe destacar que ambos crímenes permanecen sin ser resueltos–.
Por
@aranhera
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