Inés y Valentina: dos años más de impunidad

Han pasado ya dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) dictara las sentencias en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me’phaa de Guerrero que fueron abusadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano.
En todo este tiempo y a más de una década de las violaciones, todavía reina la impunidad. La nada transparente y hermética “justicia castrense” sigue oculta tras una cortina de hierro y no se ha logrado que los responsables sean llevados a un juicio civil.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha llevada el caso de las dos mujeres, apuntó que el Estado mexicano todavía no ha hecho lo necesario para cumplir las sentencias –las cuales comprenden 16 resolutivos en el caso de Inés, quien tenía 25 años cuando fue abusada en el año 2002, y 17 en el de Valentina, quien tenía 17 años–.

A pesar de que ya es el segundo aniversario de que la CorIDH emitiera las sentencias de los casos considerados de “violencia institucional castrense”, las investigaciones respecto a los abusos sexuales no han avanzado y se ha visto una notable falta de cooperación tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), encargada de llevar la investigación, no ha tenido apoyo ni cooperación de la SEDENA para conseguir que se subsanen todas las deficiencias que ha causado la parcialidad del Ministerio Público castrense; a la par, la propia FEVIMTRA tampoco ha consignado los expedientes de Inés y Valentina a la Justicia Federal.

Otras especificaciones de las sentencias tampoco han sido cumplidas, entre ellas la conformación de un fideicomiso especial público para reparar el daño – tanto educativo como comunitario y de salud– a las víctimas.

Tlachinollan condena la falta de cooperación y trabajo del Estado mexicano, considerando que la impunidad castrense todavía es la regla y aseverando que los tres poderes demuestran que no hay compromiso y todavía hay mucho poder hacer, como la reforma al Código de Justicia Militar para que cuando elementos castrenses violen Derechos Humanos, puedan ser juzgados en tribunales civiles.

Por @aranhera