Las colectivas Mujeres por el Derecho al Cuidado y una vida libre de Violencia (MDCVLV) y de Madres Viviendo Violencia Vicaria (MVVV) se pronunciaron este lunes para externar sus preocupaciones y denunciar irregularidades en algunos de los casos que acuerpan.
Frente al Poder Judicial de la Federación, la integrantes llamaron a las autoridades y resolver con perspectiva de género y agilizar los procesos legales, puesto que tanto madres como infancias continúan siendo afectadas por el incumplimiento de pensiones y/o las aletargadas resoluciones ante la denuncia de la violencia que han experimentado.
Samira, quien el mes anterior denunció un intento de desalojo de su domicilio por parte del padre de sus 4 hijos e hijas con ayuda de la abuela materna, mediante el uso de un documento apócrifo. Tras este hecho, y después de una audiencia ocurrida el pasado 29 de enero, Samira señala que Jared N continúa sin cumplir sus obligaciones alimentarias.
“Hasta el día de hoy no me la ha dado [la pensión]. Mis hijos estuvieron sin despensa; soy madre de cuatro niños (...) con una niña que requiere terapias”, externó Samira, evidenciando que el progenitor, un empresario, ha puesto en vulnerabilidad a las infancias por semanas.
Por su parte, Daniela Flores Mustre, víctima de violencia vicaria quien que no ha podido volver a tener contacto con su hija desde hace 5 años y tres meses, denunció que el equipo legal de su violentador tergiversa los llamados y movilizaciones de la colectivas para difamar y hacer girar los casos en su contra: “Con sus abogados e influencias ha seguido violentandonos (...) Mi hija pasado toda su infancia judicializada (...)”
No sé como se permite que una niña esté casi cinco años sin que pueda estar con su mamá cuando su mamá no cometió un delito
Entre estos juegos de influencias y poder también se señaló a Amado E. por hacer a la antes Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres de la Fiscalía General del estado, Raquel Avendaño Fernández, como parte de su equipo legal.
“Es una situación que nos preocupa. Evidentemente reconocemos que tiene derecho a la defensa, sin embargo si nos parece incongruente que pasamos de investigar delitos en contra de las mujeres a defender a un deudor alimentario”, manifestó Gabriela Rosas, añadiendo que debe existir un acceso a la justicia imparcial.
Finalmente, las colectivas invitaron a sumarse al Tendedero de Violentadores para la denuncia de casos similares. La reunión será este domingo 25 de febrero, frente al Centro de Convenciones sobre Bulevar 5 de mayo en el centro histórico de Puebla, a las 11 horas.
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