La “amenaza” del Centro
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) de suspender el
suministro de medicamentos antirretrovirales a cinco estados de la República –incluido
Puebla– sólo pone en riesgo la salud de los pacientes y representa una violación
a sus derechos humanos, coincidieron hoy los vocales sociales del consejo
estatal.
En rueda de prensa, Onán
Vásquez, Brahim Zamora y Salvador Meza Ortiz, vocales del sector social del Consejo
Estatal para la Prevención y el Control del Sida (Coesida), hicieron un llamado
a Jorge Aguilar Chedraui, secretario de Salud en Puebla, a pronunciarse sobre
el caso y garantizar el acceso a los tratamientos pertinentes a quienes viven
con VIH en la entidad.
Asimismo, criticaron que el gobierno
federal pondere asuntos económicos por encima de la salud de los pacientes que
reciben atención médica en los CAPASITS, pese a que también ha firmado acuerdos
internacionales en que se compromete a brindar el tratamiento.
Antecedentes
El pasado 27 de septiembre,
el diario La Jornada reveló que el Censida había determinado suspender el
suministro de medicamentos antirretrovirales a cinco programas estatales: Distrito
Federal, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Puebla –entidad en el que casi
2 mil personas se atienden bajo dicho programa–.
El argumento que utilizó el
programa federal es que los de estos estados no se ajustan a los lineamientos
marcados desde la Federación en materia de medicamentos, por ejemplo, la
disminución del uso de inhibidores de proteasa, según publicó el mismo
rotativo.
Sin embargo, ajustarse a un
único modelo de medicación para todas las personas que viven con VIH resultaría
una práctica ineficiente, puesto que no todos los cuerpos responden de la
misma forma, además de que una vez iniciado un tratamiento, un paciente no
puede cambiar de forma abrupta a otro.
“Eso no se puede hacer
porque sí. Para que una persona pueda cambiar su tratamiento, debe haber un
estudio previo que indique si éste va a funcionar, pruebas de fenotipo y
genotipo, saber a qué medicamento el virus es sensible”, explicó Onán Vásquez.
Salvador Meza añadió al
respecto que un tratamiento puede costar mensualmente entre 8 mil y 28 mil
pesos dependiendo del estado de salud del paciente. Aunque reconoció que los
medicamentos promovidos por el Censida son más baratos y sí son eficientes,
enfatizó de igual forma en que no es viable modificar abruptamente el
tratamiento que ya ha recibido un paciente de manera continua.
Primero
el dinero, después la salud
Los activistas coincidieron
en la crítica hacia el programa federal que “está ponderando primero la
cuestión económica y no la salud de los pacientes”, pero consideraron que la
ineficacia de la nueva guía “a la larga ocasionará mayores gastos”.
Brahim Zamora comentó al
respecto que la negociación económica no debería ser a expensas de los
pacientes, sino más bien “con los cabilderos de los laboratorios”, pues explicó
que México ha sido uno de los países que ha comprado antirretrovirales a las farmacéuticas
trasnacionales a los precios más elevados.
“Que la Secretaría de Salud
federal entienda que la negociación no es con los programas estatales, sino con
los cabilderos de los laboratorios, con la gente que les vende los medicamentos
a ellos, no amenazando a los pacientes”, exigió.
“Que
el gobierno estatal actúe”
Finalmente, los vocales del
Coesida hicieron un llamado al gobierno estatal, y en específico al titular de
la Secretaría de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, a emitir un pronunciamiento público
sobre el caso.
“El secretario debe tomar
una postura a favor de los usuarios de CAPASITS y de todas las personas que viven
con VIH y se atienden en el estado de Puebla, para que Censida detenga sus amenazas
de cortar el suministro de tratamiento”, expuso Zamora.
Además, llamó al funcionario
estatal a encabezar la próxima sesión del consejo –que tendrá lugar este
viernes, luego de ocho meses de no sesionar–, “para que su presencia permita impulsar al consejo completo y que el
tema esté sobre la mesa”.
Por: @josuedcv
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