La nueva Ley General de Atención a Víctimas, otro embuste de FCH

La Ley General de Atención y Protección a Víctimas, iniciativa que fue presentada por la Presidencia de la República, ha sido muy mal acogida por los activistas, defensores y todas las víctimas y sus familiares que han luchado contra la violencia en México.

El camino para la sociedad civil que pugna por justicia y el alto a la ola de sangre en el país no ha sido fácil: desde manifestaciones y caravanas hasta amenazas, secuestros, torturas y en algunos casos hasta su propia muerte.

Los activistas ciudadanos impulsaron anteriormente la Ley General de Víctimas, que pese a que fue aprobada por unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fue paralizada por Felipe Calderón paralizó mediante una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La nueva iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, llamada Ley General de Atención a Víctimas, tiene una política asistencial hacia las víctimas y no se enfoca en sus Derechos. En cambio, el proyecto original de los activistas y defensores contempla la participación activa y conjunta con el Estado tanto de ONGs como de la ciudadanía en general.

Organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), uno de los principales impulsores del proyecto original, acusa a Felipe Calderón de haber cambiado el enfoque; en la nueva iniciativa, a pesar de que se hace un recuento de lo logrado por el actual Gobierno Federal y la atención mediante mecanismos como PROVÍCTIMA, no se habla de la calidad de esta atención y no toma en cuenta las opiniones de las víctimas respecto a dichas instancias.

Este enfoque completamente asistencial y unilateral excluye a los afectados de cualquier participación directa, y deja de ser una Ley integral donde las la sociedad y las instituciones puedan articularse para trabajar conjuntamente para continuar con la política de tapar un bache en temporada de lluvias en vez de arreglar el pavimento para que no se quiebre, revictimizando una vez más a las personas y tratándolas como objetos.

La iniciativa de Calderón –quien también es el principal promotor de la guerra contra el narcotráfico– convierte, de acuerdo al análisis Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, a las instituciones como PROVÍCTIMA en el centro del asunto, cuando son las víctimas quienes deberían estarlo.

Por @aranhera