Dos años han pasado del día que
México despertó con una noticia que conmovió al país entero, acostumbrado ya a
amanecer bañado en sangre: los cuerpos de 72 migrantes fueron encontrados en
San Fernando, Tamaulipas, y de la masacre hubo sólo un sobreviviente.
Hoy martes 21 de agosto varias
organizaciones de Derechos Humanos, activistas y civiles conmemoraron la
terrible masacre, recordando que todavía no hay justicia para los
centroamericanos indocumentados que perdieron la vida.
El Obispo de Saltillo Raúl Vera
López, quien también es garante del Tribunal Permanente de los Pueblos, denunció
durante el evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que
las políticas migratorias del Estado Mexicano no han cambiado, y siguen haciendo
caso omiso de la realidad de los migrantes que diariamente cruzan el país.
El diario La Jornada citó las palabras
del Obispo, quien recalcó que “la impunidad en la que se deja actuar al crimen
organizado en este momento, como en su momento se dejó a las maras, es una
política de terror”.
Las medidas que tiene México, agregó
Vera, son sólo de contención y no corresponden a una verdadera política
integral migratoria. “No es posible que el gobierno federal reconozca que
inició su lucha anticrimen con 7 carteles y ahora hay 25”, enfatizó.
Las leyes mexicanas para los
visitantes del resto de Latinoamérica son igual o más duras que las
estadounidenses con los vecinos del sur: para entrar aunque sea de paso se
necesita una visa de turista con numerosos requisitos como comprobar gastos,
demostrar lugar de permanencia, boletos de llegada y salida del país, entre
otras cosas.
Pareciera que las decisiones del
Estado mexicano obedecen directamente a la agenda de Washington, que utiliza al
país como escudo para impedir la entrada de más inmigrantes latinos. Bien dicen
que la primer frontera de Estados Unidos no es el Río Bravo, sino el Río
Suchiate.
Durante el sexenio de Felipe
Calderón los crímenes contra los indocumentados han aumentado, ya que el
control del tráfico de personal está ahora en manos de los cárteles del
narcotráfico; el Movimiento Migrante Mesoamericano estima que en estos seis
años han desaparecido aproximadamente 70 mil migrantes que cruzan el país.
Por @aranhera

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