El
virtual ganador de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, Golden Boy del grupo Atlacomulco y
esposo de una actriz de telenovela fue denunciado ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por las agresiones durante el operativo en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
Ambas
instituciones internacionales tienen ya la denuncia en la que resaltan la
detención arbitraria de 47 mujeres, 26 de ellas abusadas sexualmente por
elementos de la Fuerza Pública.
La
opinión pública tiene los ojos sobre el ex Gobernador mexiquense por las miles
de pruebas de compra de votos y fraude electoral que realizó el PRI y lo que le
dio una ventaja sobre el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).
Este
martes se llevó a cabo la 52 sesión del Comité de Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), en la que se tocó el tema de la impunidad en los casos de las mujeres
abusadas durante el operativo de Atenco.
La
relatora para México y experta del Comité CEDAW, Soledad Murillo de la Vega, apuntó
que hay bastantes elementos y pruebas de tortura sexual cometida por elementos
de las fuerzas públicas del Estado mexicano como para que ya hayan sido
castigados los responsables. Cabe destacar que a seis años del polémico
operativo, no ha habido un sólo culpable consignado.
El
subsecretario
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel
Alfonso Sierra Palacios dijo que se detuvieron en un principio 21 elementos por
“actos libidinosos” y abuso de autoridad, “pero debemos reconocer que todos
obtuvieron su libertad”.
Pese
a que el Estado mexicano aseguró a través de su representante que las
investigaciones terminaron en febrero del presente año y se han solicitado
varias órdenes de aprehensión, aunque no dijo contra quiénes son.
La
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) emitieron un comunicado donde reiteran que ni
las víctimas de Atenco ni ellos, sus representantes legales, tienen información
de las supuestas órdenes de aprehensión ni de la consignación de la
averiguación.
Araceli
Olivos Portugal, abogada del PRODH, dijo que el siguiente Presidente de la
República tiene la obligación de acatar las recomendación que haga el comité de
la CEDAW, mismo que había dicho en 2006 que la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) debería
tener jurisdicción para investigar el caso de tortura sexual. No obstante, este
organismo en 2009 declinó el caso a favor de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) por presunta “falta de competencia”.
El
centro PRODH y la OMCT destacan la obligación del Estado mexicano de rendir
cuentas, principalmente a las víctimas, a la par que le exigen hacer del
conocimiento tanto de las denunciantes como de sus representantes legales de
toda la información en torno al caso de Atenco.
Por @aranhera
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