Por Mónica
Uribe
Como era de esperarse, Andrés
Manuel López Obrador impugnó la elección, buscando que sea anulada. A pesar de
que muchos pretenden descalificarlo, tiene razones válidas para cuestionar el proceso
electoral.
Lo
que salta a la vista es que en la campaña presidencial hubo inequidad, aunque
hay quien lo niega. A situaciones denunciadas desde antes de 2011, como la
colaboración de Televisa en la promoción de la imagen de Enrique Peña Nieto, se
añaden hechos ocurridos durante la campaña electoral,como el uso de las
tarjetas Monex, las de Soriana, y las de telefoníaprepagadas, entre los casos
más sonados de compra de voluntades y votos.
López
Obrador argumentó en la conferencia de prensa del pasado jueves 21 de julio,
que la elección es ilegítima por varios motivos: el
primero de ellos es la trasgresión al artículo 41 de la Constitución, que
establece que las elecciones deben ser libres y auténticas; el segundo, el
abuso de la mercadotecnia mediática a favor de Peña Nieto; el tercero, la
intromisión de los gobernadores del PRI para la coacción del voto; el cuarto,
la compra directa del voto; el quinto, el uso de las encuestas para inducir la
conducta de los electores. Todos estos argumentos sumados podrían, en cualquier
país medianamente civilizado, ser razones de peso para anular las elecciones y
convocar a unas nuevas. En México no ha sucedido y probablemente en esta
ocasión, tampoco.
Las causas
aducidas por López Obrador se sitúan básicamente dentro de la hipótesis de la
nulidad abstracta.
Si algunos
votantes ejercieron el voto en favor de un candidato a cambio de dinero, ¿qué
lo explica?:¿cultura?, ¿necesidad?, ¿una combinación de ambas?, ¿voluntad
política?, ¿corrupción ciudadana?En todo caso, la elección final de votar o no
votar por quién ha coaccionado el voto, de alguna forma es tema de la
conciencia. Habrá quien haya cumplido con la promesa, habrá igualmente, quien
tomó el dinero y voto por alguien más. Por eso es dificilísimo demostrar qué
tanto impacto tuvo la coacción en la decisión final de las personas al ejercer
su voto.
El problema, más
que medir en realidad si la coacción es realmente efectiva o no - lo que resulta metodológicamente casi
imposible -, es saber cuáles son las motivaciones del voto, en el sentido que
sea. A modo de hipótesis, como la señalé en la entrega anterior, los partidos
se están aprovechando de la crisis económica para inducir el voto a su favor,
lo cual no tendría nada de reprobable si sólo se quedara en la oferta de un
proyecto de política económica centrado en la derrama del ingreso.Pero el caso
es que hay dinero electrónico de por medio, según las pruebas presentadas.
Posiblemente
los argumentos no le alcancen a López Obrador para revertir el resultado electoral
y lograr la anulación de los comicios. La misma legislación resulta un obstáculo
mayor. Es curioso que con una legislación tan sofisticada, puntillosa y
elaborada, las causales de nulidad sean tan pocas. Por una parte, se entiende
que el legislador quiso evitar que por cualquier nimiedad se tuviese que
reponer el proceso electoral. Por la otra, los resquicios legales hacen que la
ley sea fácilmente saboteable, que las normas sean utilizadas a conveniencia
política y que, por vericuetos legales, el asunto termine en los tribunales.
La
legislación contempla expresamente la nulidad en caso de que la cuarta parte de
la totalidad de las casillas no sean instaladas o que el cómputo o la entrega
de paquetes electorales tampoco sean realizados en tiempo y forma; una segunda
causal es que se haya permitido votar a ciudadanos sin credencial o sin estar inscritos
en la lista nominal (fuera de las casillas especiales, se entiende); la tercera
es que se impida a los ciudadanos ejercer el sufragio; la cuarta es el cómputo
inadecuado, por error o dolo, de los votos y la quinta es el ejercicio de violencia
física o presión en los ciudadanos al sufragar o los funcionarios de casilla en
el momento de la contabilización de los votos. La izquierda mexicana tendría
que demostrar que al menos alguna de estas situaciones ocurrió; al parecer, sí
cuentan con pruebas que acreditan fraude electoral en casillas. Existe, además,
un testimonio en la web de una ex empleada del PREP que señala que hubo un
conteo extraño en la madrugada del 2 de julio, cuando, tras una extraña demora
de una hora en la recepción de datos, se incremento desproporcionadamente la diferencia
entre Peña Nieto y López Obrador. Para quien desee consultar el testimonio se
encuentra en el siguiente link. http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/07/carta-de-ex-empleada-del-prep-se-cayo.html.
Pero
el argumento central es que las elecciones del 1 de julio de 2012 no pueden
considerarse libres ni auténticas. Por ello, se apeló ala causal de nulidad
abstracta - cuyo nombre técnico es“causal de
invalidez por violación de principios constitucionales” -que es de tipo jurisprudencial y que caería en la misma hipótesis de lo
acontecido en las elecciones municipales de Morelia de 2011, las cuales fueron
anuladas y el proceso fue repuesto el pasado 1 de julio. Demostrar la nulidad
abstracta es difícil, pues habría que comprobar si efectivamente hubo una
coacción del voto, es decir si es positiva la correlación entre las dádivas y
la orientación del voto, y/o entre los resultados de las encuestas y el impacto
real que éstas tuvieron en los ciudadanos al momento de ejercer el voto …. Y
esa realidad, a final de cuentas, la define un juez ….
De
lo anterior se desprende la necesidad, cada día más clara, de una reforma
electoral que incluya la segunda vuelta, al menos en las elecciones
presidenciales. De existir un mecanismo de esa naturaleza, ahora estaríamos
preparándonos para hacer una segunda elección que ratificaría o cambiaría, en
su caso, al ganador de la primera vuelta. Este mecanismo fue propuesto en 2008
durante la reforma política y vuelto a proponer en 2011, pero se quedó en el
tintero por razones políticas. La realidad en estos momentos demuestra la
necesidad imperiosa de incluir la segunda vuelta, para evitar resultados
legales, aunque presuntamente ilegítimos. No sólo es la experiencia de este
año, muchos problemas se hubiesen evitado en 2006 con una segunda vuelta
electoral.
Otro
aspecto que debería incluirse en una eventual reforma es el tema de los
recursos de campaña. Idealmente, el presupuesto público de las campañas debería
alcanzar para cubrir los gastos del proceso, sin depender de financiamiento
privado.Si bien el COFIPE marca un tope, la cuestión no está tanto en el monto
de los recursos, sino en su origen. En un país donde el lavado de dinero es el
pan nuestro de cada día, es alta la probabilidad de que las campañas sean
financiadas con recursos de la delincuencia organizada.
Hay
muchos temas que abordar para una reforma política más allá del financiamiento
de partidos y campañas, la segunda vuelta presidencial, la revocación de
mandato, la ratificación del gabinete y, por supuesto, el papel de los medios
de comunicación; todos son temas urgentes que pueden solucionarse de manera
legal, aunque previsiblemente con innumerables resistencias.
Muchas
reflexiones deberían preceder a una reforma política - llevamos tres en veinte años – para que sea
efectiva y de largo alcance. Un punto de orden ético, que me parece central, es
respondernos cuáles son las razones de los potenciales electores para aceptardádivas
de cualquier índole a cambio de su voto.Es decir, ¿qué valor le dan los
ciudadanos a su voto?, ¿por qué es el voto susceptible de compra por parte de
los partidos como si fuera un artículo más?, ¿el voto es un bien tan elástico - dirían los economistas - que es susceptible a cualquier intercambio? La
respuesta más sencilla es que en tiempos de crisis económica, cualquier ingreso
extra es bienvenido y ello resulta una baza para los partidos. Pero esto apenas
es la punta del iceberg. Me inclino a creer que existen razones profundas, de
tipo cultural, que explicarían más adecuadamente el fenómeno. En el fondo, esto
tiene que ver con la construcción de la ciudadanía como un concepto asimilado
socialmente, y la pregunta que me hago es alarmante: ¿será que, a pesar de dos
siglos de Independencia y siglo y medio de la creación del Estado mexicano
moderno, un sector importante ciudadanos aún no aprehende el valor de laciudadanía?
Así que, más que drama electoral, me parece que vivimos una tragedia de cultura
ciudadana.
Por @leyre1966
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