Los gozos y las sombras

A continuación presentamos un texto de la politóloga e historiadora, Mónica Uribe, a propósito del conflicto poselectoral.


Esta columna lleva el nombre de mi novela favorita, una trilogía del escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester, que trata sobre la irrupción de la modernidad en una villa de pescadores de la costa pontevedresa, con los consecuentes conflictos sociales y personales en vísperas de la Guerra Civil. 


No es premonición.


La transición frustrada I.


Hace 24 años voté por primera vez en la ciudad de Chihuahua. Estaba fuera de mi circunscripción electoral por razones escolares y sólo pude votar por presidente de la República. Al tachar la boleta, sentí el secreto placer de desafiar las estructuras, incluso las familiares, ilusionada por la posibilidad de una alternancia que a la
postre derivaría en una transición democrática del sistema político mexicano.


También voté con miedo. Afuera de la casilla - ubicada en una colonia popular furiosamente panista - pasaban camiones del Ejército con efectivos rifle en mano y cartucho cortado. Se respiraba una enorme tensión entre panistas y priístas, a izquierda ni se asomaba. Había una especial cobertura de prensa en esa casilla, porque se esperaba que sería uno de los puntos más conflictivos durante la jornada del 6 de julio. Para colmo, el patente rechazo a los forasteros daba dentera; infinidad de pintas en ambas márgenes del río Chuvíscar - que no estaba entubado - decían “Haz patria, mata un chilango” y el desdén a todo lo que oliera a la ciudad de México, especialmente al gobierno federal, era hasta físicamente
notorio. La funcionaria de casilla que me entregó la boleta, al ver la sección que me correspondía en la credencial de elector, no pudo evitar un mohín de disgusto.


Las fronteras estatales estaban completamente cerradas y desde la
víspera hasta el 7 de julio por la noche, las comunicaciones aéreas estuvieron suspendidas. El control de las elecciones en Chihuahua fue tal, que hasta la tinta era distinta. El fantasma de la insurrección en Cuchillo Parado y el asalto al Cuartel Madera, hechos históricos lejanos, se trenzaron con los acontecimientos de 1986 y 1987, cuando la oposición dio por primera vez una pelea importante al
priísmo. El aparato gobierno-partido hegemónico no se resignó a perder el carro completo y maniobró con todo para que Fernando Baeza asumiera la gubernatura de Chihuahua. El fraude contra Francisco Barrio, el alcalde panista de Ciudad Juárez, movilizó a los panistas chihuahuenses, quienes exigieron el recuento de votos. Por supuesto, en 2006 ni se acordaron de haber sido las víctimas.


Indignados por el fraude electoral de 1986, durante la campaña presidencial de 1988, los ánimos estaban francamente caldeados; familias enteras se habían dividido por diferencias políticas; las opciones eran el statu quo o el cambio, el PRI o el PAN. Siendo mitad chihuahuense, escuchaba divertida los relatos acerca de
los pleitos político-familiares que, desde la ciudad de México, sonaban a cuentos exóticos de tías que habían cambiado la canasta uruguaya por la desobediencia civil. El destino me llevó a vivir en carne propia el conflicto político chihuahuense.


En 1988, estudiaba el sexto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana; según el plan de estudios vigente, la práctica de campo que tenía que cursar se llevaría a cabo en Chihuahua durante ese verano electoral. El objetivo era medir las preferencias
políticas de los párrocos de la capital y de Ciudad Juárez. Evidentemente, esto no fue casual. Desde la academia se tenía la percepción de que el clero católico podría jugar un papel central en la lucha por la transición democrática, como había ocurrido en España y estaba sucediendo en Polonia. Además, el clero mexicano
tenía una agenda muy clara que se insertaba en la lucha democrática que se venía gestando desde la reforma política de 1977: la consecución de los derechos políticos activos para los ministros de culto. En Chihuahua, la Arquidiócesis había instaurado un programa de talleres por la democracia que fueron determinantespara la concientización política de los feligreses chihuahuenses en la coyuntura de la elección local de 1986 - incluidas mis tías - y se pensaba que el modelo podría replicarse en otras regiones, como parte de un proceso transicional que llevaría
al país, por fin, de una democradura, concepto definido por el politólogo español Juan Linz, a una auténtica democracia procedimental.


Tras los sismos de 1985, la huelga estudiantil del CEU y la escisión del PRI a consecuencia de la selección del candidato presidencial, fueron los hitos que estimularon la discusión en torno a la necesaria e inminente democratización con una agenda básica propuesta por Enrique Krauze: prensa libre, economía de mercado, libre juego de partidos y alternancia en el poder. La democratización se convirtió en el tema de moda, que pasó del análisis sesudo en los círculos
políticos y académicos, a ser el centro de la opinión pública. Parecía entonces que un grupo nada desdeñable de mexicanos estaba dispuesto a luchar por la democracia a través de las instituciones electorales. Incluso la izquierda aglutinada ya en el PMS coincidía con el PAN en que la única forma de lograr desbancar al PRI era mediante el ejercicio del voto. En 1988, veinte años después de la masacre estudiantil, la ciudadanía comenzaba a asumir auténticamente su condición y las posibilidades que el ejercicio del voto les podría brindar. Pero nos topamos con la voluntad del partido hegemónico.


Los resultados de la elección de 1988 son de sobra conocidos.


Carlos Salinas de Gortari fue ungido presidente de la República a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones. Inolvidable aquella escena en la que Cárdenas, Manuel Clouthier, Rosario Ibarra y el ingeniero Heberto Castillo marcharon codo a codo para reclamar el fraude electoral. Salinas y sus huestes, perspicaces, doctos y avezados, sabían que se requería de una nueva legitimidad que hiciera olvidar el fraude en las urnas. Y ello se traducía en la liberalización y modernización del sistema, con la vaguísima promesa de una transición a la democracia que colocaría a México en el circuito de las naciones más desarrolladas. Hechos inéditos como la aceptación de la derrota electoral en Baja California, el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, el cambio en la relación con los empresarios y la Iglesia, las apoteósicas visitas papales, la firma del TLC, el Programa Nacional de Solidaridad y un largo etcétera. El sueño terminó en pesadilla: un cardenal asesinado por el narcotráfico,
la emergencia del EZLN en Chiapas, el candidato presidencial del PRI igualmente asesinado, y para rematar, una crisis económica de proporciones incluso mayores que la de 1982. Curiosamente, el ascenso de Ernesto Zedillo - con elecciones limpias - supuso la profundización del neoliberalismo propugnado por Salinas y un paso más hacia la transición democrática, no la simple liberalización del sistema.


Zedillo tomó varias decisiones que afectaron profundamente al país: la reforma del poder judicial, la instauración de órganos de regulación de competencia, el rescate bancario y el fortalecimiento de los medios de comunicación. Todo ello contribuyó a dejar de lado el nacionalismo -bastante minado desde tiempos de Miguel de la Madrid -, pero a cambio, Zedillo propuso una reforma electoral que acabaría con la relación PRI-Gobierno y ciudadanizaría los procesos electorales. Su éxito mayor, además de haber prolongado su influencia hasta nuestros días sin ser considerado el malo del cuento, fue lograr la alternancia en un clima de paz y estabilidad. Con un IFE ciudadano, sin una verdadera participación del PRI, el hartazgo de la sociedad y con elecciones limpias, Vicente Fox arrasó en 2000. Lo que nunca imaginamos es que una vez en poder, el PAN, con todo lo que históricamente había padecido en cuanto a fraudes electorales, asumiría exactamente la misma postura que el PRI en sus tiempos hegemónicos.


De las elecciones de 2006, los mexicanos seguimos hablando. El
0.56% que supuestamente favoreció a Felipe Calderón sigue sin constarnos. Las anomalías en el conteo de votos fueron precedidas por el uso indiscriminado de los recursos públicos para favorecer al PAN y de una guerra sucia sin precedentes en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo sucedió en 2012, pero con sus matices, porque el aparato público no se volcó del todo en favor de Josefina Vázquez Mota. Los gobernadores priístas, que son la mayoría en el país mantuvieron un frente unido a favor de Enrique Peña Nieto, quien, a su vez, diseñó una estrategia en medios que le fue muy funcional. Pero hoy mismo, a pesar de lo que las autoridades han proclamado, existe la sospecha de que los comicios fueron manipulados. Simplemente, los acontecimientos de la noche del 1 de julio generan suspicacia. Vázquez Mota admitió su derrota cuando no se había contabilizado siquiera el diez por ciento de las casillas; Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del IFE salió a proclamar la victoria de Peña Nieto a las once de la noche, sin siquiera tener la cuarta parte del conteo. Inmediatamente después, Felipe Calderón, en cadena nacional, felicitó a Peña Nieto por su
victoria; López Obrador dijo lo más sensato de la noche: el conteo no había terminado y faltaba, de todas maneras, el escrutinio legal. Todo antes de la medianoche.


Las cifras del lunes por la noche estipulaban una diferencia de casi siete puntos y más de tres millones de votos a favor de Peña Nieto, quien según el IFE obtuvo 18 millones 727 mil 398 votos frente a los 15 millones 535 mil 117 votos de López Obrador. 38.15% contra 31.64%. La distancia se antojaría irremontable si los ciudadanos, con la mala experiencia del fraude electoral, no se hubieran organizado para hacer conteos propios y denunciar las anomalías. Además, los casos de la tarjeta Monex y de las tarjetas de despensa prepagadas de Soriana son indicadores de la compra de votos. El PREP ciudadano reporta, con el análisis de 14 mil 417 sábanas, que Peña Nieto obtuvo 1 millón 538 mil 612 votos y
Andrés Manuel, 1 millón 952 mil 221. Otro grupo Open PREP, señala que con el 13. 45 % de las casillas analizadas, el porcentaje a favor de López Obrador es de más del 39% y para Peña es del 31.10. Ambos grupos documentan un vendaval de anomalías, mismas que los medios de comunicación se empeñan en ocultar.


Con mayor sofisticación, es evidente que la cultura del fraude persiste. Los cambios habidos en el sistema electoral de 1988 a la fecha, que implicaron la construcción de instituciones electorales autónomas, no han podido garantizar la equidad y la limpieza en las elecciones. El problema no está en el diseño institucional, ni siquiera en que los recursos sean escasos para la consecución de
los procesos electorales; el verdadero problema está en que las instituciones del Estado están siendo instrumentadas en favor de determinados intereses.


Lo trágico es que para que una transición democrática exista, es condición indispensable el desarrollo de procesos electorales intachables, que proporcionen legitimidad de origen a las autoridades electas. Lo demás es apenas discurso. Y
ello me lleva concluir que la transición a la democracia en México se frustró, sigue siendo una asignatura pendiente, pese a todos los esfuerzos para conseguirla.


¿Quimera de un cuarto de siglo?


Mónica Uribe (twitter @leyre1966)