Por Mónica Uribe (twitter @leyre1966)
Decía en la entrega pasada que la condición
básica de un proceso transicional es que existan elecciones libres y
transparentes. En el caso mexicano, la libertad de sufragio es un derecho y se prohíbe
la coacción del voto. La transparencia está garantizada por los mecanismos y
procedimientos legales que deben ponerse en marcha por las autoridades
electorales, en este caso por el Instituto Federal Electoral, que para eso es
un organismo autónomo del Estado con rango constitucional.
La creación del
IFE respondió a la necesidad de contar con un organismo independiente del
gobierno en turno, lo suficientemente plural y probo, para conducir los procesos
electorales en sus totalidad, cuyos resultados en teoría, deberían ser
absolutamente confiables; para resolver las controversias se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federal.En el año 2000, el IFE, a cargo de José Woldenberg, entregó cuentas
claras del proceso y Vicente Fox tomó posesión como presidente sin el menor
problema. Claro, hubo una adecuada cooperación del PRI y muy en especial de
Ernesto Zedillo, quien se esmeró en dejar la casa en orden - no me refiero sólo a Los Pinos – y en paz..
Fue una alternancia de terciopelo, que a la distancia se vislumbra como la
primera escena del primer acto de una tragedia, que entonces aparecía como el
final feliz de una tragicomedia de enredos. Frente al sonriente porvenir de la
alternancia, incluso los escépticos, coincidían en que el cambio algo tendría
de promisorio.Hoy, el problema es que no sabemos en qué acto estamos ni cuándo
terminará ni como será la escena final de la representación.
Las elecciones
del 2000 fueron radicalmente distintas a las de 1994, pero tuvieron un rasgo en
común: la ausencia de fraude electoral. Incluso, las elecciones intermedias de
1991 fueron bastante limpias, igual que las de 1997, cuando, por primera vez,
el PRI perdió la mayoría en la Cámara. Daba la impresión de que,por fin,
partidos, gobierno y ciudadanos habían llegado a un acuerdo de cómo llevar a
cabo las elecciones para evitar dramas pasionales, dudas y movilizaciones como
las de 1988. Total, la guerrilla había sido confinada a Chiapas, la economía
levantaba y el debate por la democratización llevó a una reforma del sistema
electoral “definitiva” que abría la puerta a la alternancia. Democracia y
economía de mercado eran la única ecuación posible que llevaría a México a
ocupar el lugar que le correspondía en el concierto internacional en la era de la
globalización.
El 1 de diciembre de 2000 parecía la fecha
esperada para consolidar la democracia en México. El discurso inaugural de Fox,
tan distinto a los que estábamos acostumbrados, reveló una cierta intención de
cambio en las estructuras políticas; se daba por descontada la continuidad del
modelo económico y de la parte social apenas se habló. Vicente Fox representaba
en ese entonces un nuevo tipo de político, menos hierático, distante de la cultura
política tradicional. Se le creyó diferente, pero Fox reveló sus deficiencias
de manera temprana: para el primer año de gobierno ya había perdido el bono
democrático. De ser pacientes ante la inexperiencia en las labores de gobierno
exhibidos por Fox y su cohorte, los mexicanos pasamos al asombro por toda una
serie de declaraciones, decisiones y acciones que dejaron entrever el verdadero
talante del guanajuatense (y de su recién estrenada consorte, dicho sea de
paso).
Para las
elecciones intermedias de 2003, ya era clara la desilusión frente al foxismo y
una nueva estrella asomaba en el horizonte: Andrés Manuel López Obrador, quien
no desaprovechaba ningún foro para demostrar que él sí representaba una
verdadera diferencia con respecto al PRI y al PAN. El reto cotidiano a Fox,casi
desde el inicio del sexenio,desencadenó la guerra sucia que puso a López
Obrador en el banquillo de los acusados. Los videoscándalos y el desafuero por
el caso del predio El Encino fueron las dos principales acciones prohijadas por
el gobierno foxista para obstaculizar la candidatura presidencial delentonces
jefe de gobierno del Distrito Federal.
Una transición
democrática exitosa se confirma a través de una segunda alternancia de
partidos, lo que evidentemente Fox impidió. Los comicios del 2006 evidenciaron
que los panistas habían llegado al poder y pretendían quedarse a cómo diera
lugar. Calderón no fue el candidato de Fox, pero éste hizo todo para que
asumiera el poder. En contraste, Calderón aceptó a regañadientes la candidatura
de Josefina Vázquez Mota, pero al darse cuenta de que difícilmente podría ganar
las elecciones presidenciales de 2012, la dejó a su suerte y negoció su salida
con “el puntero”. Quizá por eso, la cúpula panista no se atrevió a echar a
Vicente Fox de sus filas, porque su abierto apoyo a Peña Nieto coincidió con el
de Felipe Calderón; la diferencia es que el actual presidente de la República
no lo expresó, lo actuó y dejó pasar,
en la más pura visión liberal del poder, mientras que Fox, a bocajarro, no tuvo
el menor recato en manifestar su desdén por Calderón y la candidata del PAN.
Como sea, fue el cobro de factura a su sucesor.
Con salvedades y
diferencias, las elecciones de 2006 y las del pasado 1 de julio se parecen
entre sí y a las de 1988. Los tres procesos han sido cuestionados por su
inequidad y por el fraude. En 1988 no existía un sistema electoral autónomo ni
tan sofisticado como el de ahora. La credencial de elector no tenía fotografía;
así, era muy simple hacer fraude: urnas rellenas, carrusel, ratón loco, cuanta
artimaña para alterar los resultados. Además, las “caídas del sistema” eran
entendibles, los sistemas de cómputo eran muy rudimentarios comparados con los
actuales. Y también estaban la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro (en liquidación) para echarles la culpa … Pero en
2006 y ahora, las condiciones son distintas. El fraude cibernético puede
hacerse, ahí está la famosa teoría del algoritmo que elevó, según se dice, la
votación a favor de Calderón. Además, como José Antonio Crespo lo documentó en
su análisis de las actas electorales, había tal cantidad de alteraciones, que
le fue imposible dar un veredicto sobre el resultado electoral de hace seis
años. Ahora, los ciudadanos se organizaron y hay conteos paralelos que
favorecen a López Obrador, aunque están en una etapa preliminar y no es posible
en estos momentos saber con certeza si podrán demostrar el suficiente número de
irregularidades como para anular la elección.
Además de la
desconfianza en que las autoridades electorales cuenten los votos emitidos de
forma transparente, se tiene duda acerca del uso de recursos de campaña, cómo
es que se allegan estos recursos, cuál es el origen de éstos y en qué se
gastan. Es en éste último punto donde esta el quid del asunto, pues la compra
de votos previo a la elección está demostrada. La izquierda documentó el caso
de las tarjetas prepagadas de Soriana que se entregaban para coaccionar el voto
a favor del PRI y el PAN denunció el uso de las tarjetas Monex para el pago de
funcionarios de casilla, con el mismo propósito.
En realidad
seguimos igual que 1988: la cultura del fraude no ha variado, pero sus
mecanismos son distintos. Si antes básicamente se trataba de la cooptación del
voto corporativo a cambio de prebendas, ahora se busca atraer a las masas
depauperadas con dinero electrónico para la compra de productos básicos; es decir,
las estructuras partidarias utilizan electoralmente la crisis económica. El uso
electoral de las políticas públicases criticable, pero tiene una lógica
natural, pues los gobiernos esperan recibir una recompensa por su buen
desempeño y tal recompensa se traduciría, hipotéticamente, en una intención de
voto a su favor. Asume forma de coacción, cuando se condiciona el acceso a los
beneficios de las políticas públicas a cambio del voto, lo que ha sucedido de
forma más o menos constante, a veces más discretamente y otras más abierta.
Pero lo que ahora se ha visto es prácticamente inédito, pues la entrega de
recursos para coaccionar el voto se dio desde la oposición - claro, una oposición que es gobierno en 20
estados - y no sabemos si los recursos
en cuestión provienen de ahorros del gasto público, de financiamiento privado o
de dónde.
El caso es que
con una enorme burocracia electoral, una erogación de alrededor de 250 pesos
por voto, un constructo jurídico electoral sofisticadísmo y detalladísimo,
hasta el momento no logramos tener transparencia absoluta en los procesos
electorales, desde la selección interna de candidatos hasta el conteo final de
votos. El único momento en que todos los ciudadanos somos iguales es en aquel
en que emitimos nuestro voto. De ahí la imperiosa necesidad de procesos
equitativos y transparentes en todas sus etapas. Elecciones libres, libre juego
de partidos y alternancia en el poder son, efectivamente, precondiciones para
transitar a la democracia. Pero también se requiere de actores políticos que se
ajusten a las reglas del juego democrático. La democracia es método, el fin es
la justicia; si la democracia se frustra, ¿dónde queda la justicia?
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