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Inicia campaña contra violaciones del Ejército


 Este lunes 30 de julio comenzó la campaña “Contra la Impunidad Militar y el Olvido, Luchamos por la Justicia, a 14 años de la Masacre de El Charco”, promovida por la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), la Red de Defensa de Derechos Humanos y por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., misma que preside Monseñor Raúl Vera.
La masacre de El Charco se llevó a cabo el siete de junio de 1998 en la localidad de dicho nombre en Ayutla, Guerrero, cuando militares dirigidos por el general Juan Alfredo Oropeza Garnica llegaron a la comunidad y dispararon a la escuela, causando 11 muertes, cinco personas heridas y 22 detenidos que posteriormente fueron torturados –basado en los testimonios de algunos de los sobrevivientes–.
El pasado 16 de julio, Monseñor Vera entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que el caso fuera admitido, buscando que finalmente se haga justicia para los huérfanos, las viudas y los sobrevivientes.
Los integrantes de la coordinación de la Red durante una gira por Estados Unidos se reunieron con representantes de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), de la Sociedad Civil de la OEA, del Departamento de Estado norteamericano, de la Oficina de Derechos Humanos México-Canadá, y del Programa de Análisis de la Región de las Américas de la oficina de Internacional de Migración, y Human Rights Watch (HRW), los cuales hicieron el compromiso de dar seguimiento al tema.
La campaña busca que “nunca más integrantes del ejército cometan violaciones a los derechos humanos en contra de la población”, y que en caso de que lo hagan éstos se sancionen de acuerdo a los lineamientos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Los activistas convocan a todos los interesados a sumarse a la campaña mientras están a la espera de recibir la recomendación 20/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la solicitud de audiencia realizada al Gobierno de Guerrero.

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