Activistas piden a Eruviel Ávila proteger a migrantes y defensores tras cierre de albergue en Tultitlán

 Luego de que las autoridades resolvieran finalmente cerrar el albergue para migrantes San Juan Diego en Lechería, Tultitlán, Estado de México, un numeroso grupo de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) envió una carta al Gobernador Eruviel Ávila expresando su preocupación por la clausura del lugar de descanso para centroamericanos.

Los firmantes enfatizan que tanto los migrantes como quienes se dedican a la defensa y promoción de sus Derechos Humanos han sido constantemente criminalizados y deslegitimados durante la presente administración mexiquense.

La ciudadanía ha pedido en numerosas ocasiones que el gobierno del sucesor de Enrique Peña Nieto “desarrolle acciones que garanticen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la defensa de los derechos humanos”, recordando la escueta respuesta que estos llamamientos han tenido; además, destacan que durante el año pasado tres centroamericanos indocumentados fueron asesinados en el lugar por la creciente discriminación.

Los activistas –entre los que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Área de Comunicación de la Diócesis de Saltillo y el Centro de Derechos Humanos del Migrante de Ciudad Juárez– aclaran en el documento que el tráfico de drogas en la colonia Lechería no es causado por los migrantes y de que el albergue no es el causante de la falta de agua ni de la precareidad del sistema de recolección de basura; también explican que la violencia que se presenta en Tultitlán afecta también a los migrantes y no es originada por éllos.

Los firmantes concluyen que existe falta de voluntad política de parte de la administración de Eruviel Ávila al garantizar la defensa de los Derechos Humanos y evitar la criminalización de los migrantes indocumentos, que son una de las poblaciones más vulnerables en el país, siendo una de las principales víctimas del crimen organizado.

Es responsabilidad tanto legal como internacional del Gobernador el resolver la violencia en Lechería así como la reapertura del albergue, principalmente “legitimando públicamente el trabajo de la defensa de los derechos humanos con especial énfasis en el tema de migrantes”.

La misiva concluye demostrando la oportunidad que tiene la presente administración mexiquense para demostrar que tiene “la voluntad de enfrentar los principales restos de la zona como un estado democrático progresista que se apega al respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos”, tomando en cuenta que en dicha entidad el gobierno anterior –encabezado por Enrique Peña Nieto– fue responsable de numerosas violaciones a Derechos Humanos, principalmente durante el operativo realizado en San Salvador Atenco en 2006.

Por @aranhera