Los legisladores de la Comisión
Permanente emitieron un dictamen que pide a la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) que de un informe detallado de los 28 millones 500 mil pesos destinados
a la creación e instauración de mecanismos para proteger tanto a defensores de
Derechos Humanos como a periodistas.
El dictamen establece que la SEGOB
tiene que entregar la información de los convenios que ha hecho en distintos
Estados de la República respecto a las medidas de protección otorgadas para
periodistas y activistas, además de aumentar y endurecer las medidas
preventivas para cuidar la vida de quienes informan y defienden, a la par de
explicar cuáles medidas cautelares y provisionales han sido ordenadas tanto por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Los legisladores piden también que
se publique la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, misma que pese a que se aprobó el pasado 30 de abril,
aún no entra en vigor. Esta nueva ley busca reforzar la seguridad en el país en
el marco de un aumento notable de la violencia contra periodistas y defensores
–por ejemplo, en Veracruz fueron asesinados cinco informadores en menos de un
mes–.
Cabe destacar que México se ha
convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, superando
a naciones en conflicto como en el Medio Oriente, así como una nación represora
de activistas y defensores de Derechos Humanos –como el emblemático caso de
Nepomuceno Moreno, quien fue acribillado por buscar justicia para la
desaparición de su hijo–.
Por @aranhera
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