Estado Mexicano incumple sentencias de la CoIDH

El pasado 22 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) realizó una audiencia privada en Costa Rica para que el Estado mexicano explicara por qué no ha cumplido los compromisos en torno a la guerra sucia: buscar a los desaparecidos, reparar los daños a las víctimas y reformar el Fuero Militar.

Una delegación de varios funcionarios federales, compuesta por el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Max Alberto Diener Sala, junto con miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó a través de un comunicado posterior a su visita que durante la audiencia dio a conocer la propuesta de atención médica psicológica ofrecida a la familia de Rosendo Radilla –desaparecido desde 1974 durante un retén militar–.

Las autoridades mexicanas dijeron que desde el pasado 13 de junio se consolidó un acuerdo con las víctimas para entregarles copias físicas de la averiguación previa periódicamente, misma que no será hecha pública para salvaguardar los datos personales tanto de los testigos como de los sospechosos.

Pese a que durante los últimos meses las autoridades han mostrado algunos avances respecto a las medidas de reparación, la CoIDH reiteró que el Estado mexicano no ha cumplido con los compromisos establecidos ante los organismos internacionales de Derechos Humanos hace tres años cuando se dictó la sentencia del caso Radilla, enfatizando que el Estado mexicano lo que más ha hecho ha sido obstaculizar e impedir que se lleven a cabo las órdenes que emitió el Tribunal Interamericano –como la reforma al Código de Justicia Militar, medida determinada para no repetir estos actos criminales–.

Hay que recordar que durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano, las autoridades hicieron varios cambios de última hora sin consultar a las familias, con quienes habían llegado a acuerdos previamente, por lo que el evento fue realizado sin las víctimas y sus familiares y también sin su consentimiento.

Por @aranhera