INM, de los principales violadores de Derechos Humanos

Junto con el Ejército, el Instituto Nacional de Migración recibe cientos de quejas anuales de mexicanos y extranjeros, esto sin contar todas las que no “pasan" o las que no son impuestas por miedo a las represalias y a la usual falta de respuesta.

A pesar de las promesas del Gobierno de atender la situación de los migrantes centroamericanos en su paso por México, el Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la atención a este grupo, es la segunda dependencia federal que más quejas recibió en 2011 por violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Veracruz.

Dicha entidad se ha convertido en uno de los focos rojos en la ruta migratoria, en lugares como Orizaba y Tierra Blanca, donde el número de secuestros y extorsiones han aumentado considerablemente de acuerdo a datos recabados por organizaciones civiles.

Las 133 quejas levantadas contra el INM en 2011 son debido a los atropellos llevados a cabo por sus agentes, principalmente en la zona sur de Veracruz. Cabe destacar que en la mayoría de las ocasiones los migrantes no presentan quejas debido a su corta estancia en un lugar fijo pero principalmente al miedo de ser deportados por no llevar papeles, además de las represalias, pues ha habido numerosos reportes donde los centroamericanos aseguran que sus mismos plagiarios son agentes de migración o están coludidos.

Los datos recabados en un informe del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos demuestran que, pese a que las leyes en el tema migratorio han sido modificadas gracias al trabajo y presión de numerosas organizaciones tanto nacionales como internacionales, las autoridades correspondientes todavía no las ponen en práctica.

Es importante recordar que desde el año 2000 hasta 2010, 3.8 por ciento de todas las 54 mi denuncias fueron contra el INM, el cual se consolidó como la dependencia del Gobierno Federal con más quejas de violaciones a las garantías individuales, revelado en el análisis de la cuenta pública 2010 llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por @aranhera