A pesar de sus anteriores negativas a dejar México,
la cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC),
Norma Esther Andrade, tomó la decisión de salir del país luego de ser víctima de dos
atentados en su contra, uno en su natal Ciudad Juárez y otro en el Distrito
Federal.
“Aun cuando
me duela mucho, lo voy a tener que hacer. Somos muchos los activistas que hemos
sido atacados”, dijo en entrevista la defensora de los Derechos Humanos, cuya
hija Alejandra García fue secuestrada y asesinada en la ciudad fronteriza en
2001.
El segundo
atentado contra Norma fue condenado por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos y organizaciones no gubernamentales, recordando que previamente la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió anteriormente al Gobierno
mexicano protección para Andrade.
Varios días de haberse llevado a cabo el ataque
–durante el cual los escoltas asignados a la activista no estaban con ella y no
aparecieron sino hasta horas después–, los integrantes del Senado de la
República exigieron este martes tanto a Felipe Calderón como a Marcelo Ebrard
que implemente las medidas de protección a Norma, a su familia y a todos los
miembros de NHRC con carácter urgente.
La propuesta fue presentada por Ludivina Menchaca,
Senadora del PVEM, enfatizando que “el Estado mexicano ha fallado en la
obligación de brindar justicia y protección a los familiares de las mujeres
asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, y también ha fracasado en brindar
la protección necesaria para activistas y defensores”.
La realidad es que, a pesar de las peticiones de
organizaciones tanto locales como internacionales, los defensores de los
Derechos Humanos se encuentran prácticamente desprotegidos, incluso cuando
tienen medidas cautelares por parte de los Gobiernos.
Desde mediados de 2009, han sido asesinados cinco
activistas tan sólo en Chihuahua, mientras que otros 12 se han visto obligados
a vivir fuera de México por el peligro que corren sus vidas.
Por @aranhera
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