El Estado de Guerrero
continúa siendo una de las regiones más peligrosas en México, no sólo a causa
de la violencia generada por los distintos grupos del crimen organizado, sino
por la constante y ya antigua represión que todos los luchadores sociales han vivido.
Hace tres años, el 20 de
febrero de 2008, los cadáveres de Raúl
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes eran presidente y secretario de la
Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), fueron encontrados
en Tecoanapa, Guerrero, y hasta el momento el crimen continúa impune pues no se
han castigado a los culpables.
Los activistas eran
defensores de los pueblos indígenas Me’phaa y Na savi, también llamados
tlapanecos y mixtecos, los cuales han sido víctimas de numerosos abusos –como
el caso de Inés y Valentina, indígenas me’phaa, que fueron violadas por
militares–.
Además, el siete de
diciembre del año pasado, los ambientalistas de la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Eva Alarcón y
Marcial Bautista, fueron bajados de un autobús y hasta el momento su paradero
es desconocido.
También Maximino García Catarino,
integrante de la OFPM y líder indígena, está preso en la cárcel del municipio
de Ayutla de Los Libres desde el pasado 20 de enero, acusado por supuestos
cargos de homicidio; algo similar le ocurrió a Raúl Hernández, también defensor
de dicha región, considerado ahora un preso de conciencia pues también le
fueron infundados falsos cargos.
Desde hace varias
décadas, la entidad costera ha sido lugar constante de represión, desaparición
forzada, tortura y amenazas en contra de todos los luchadores sociales y
activistas, entre ellos el famoso Rosendo Radilla, cuyo paradero hasta la fecha
es desconocido.
Por @aranhera
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