El nuevo presidente de Guatemala, el general retirado
Otto Pérez Molina es uno más de los mandatarios latinoamericanos –entre ellos
el peruano Ollanta Humala- que antes de su carrera política formaron parte en
las fuerzas castrenses.
El guatemalteco logró ganar las recientes elecciones
prometiendo combatir y resolver el problema de la inseguridad, el cual ha
aumentado sobremanera durante los últimos años en la nación centroamericana. Pérez
Molina ha navegado con la bandera de su política de mano dura contra la
violencia, misma que llama seguridad democrática.
Sus propuestas son muy parecidas a las del ex
presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, y es clara la postura del ex militar
quien quiere adoptar políticas similares a otros países: hoy, el mismo día de
su toma de posesión, sostuvo una reunión privada con su homólogo mexicano
Felipe Calderón Hinojosa, quien ha optado por sacar el ejército a las calles,
desatando una terrible ola de violencia en el país durante los cinco años de su
guerra contra el narco.
Pérez Molina tiene un pasado oscuro, pues se han
realizado varias denuncias en su contra por violaciones a los Derechos Humanos
durante la guerra de 1960 a 1996, además de que fungió como jefe del Estado Mayor
Presidencial (EMP) y encabezó la Dirección de Inteligencia Militar, servicio
secreto encargado de las políticas de seguridad nacional.
El guatemalteco -llamado también el general de la paz por haber participado en la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996-, tuvo una formación de Defensa Continental en el
Colegio Interamericano de Defensa de Washington, además de que apoya claramente
las condiciones que establecen varias leyes estadounidenses para restaurar la
ayuda que fue elimina en 1978 durante la Guerra Civil.
El próximo
ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballero, opinó que “Pérez Molina
buscará el levantamiento de las restricciones a la ayuda militar" para, de
acuerdo a sus propuestas, restaurar la seguridad en Guatemala.
Al parecer,
al nuevo presidente no le ha servido el ejemplo de México, donde claramente se
ha demostrado que la intervención militar no ha logrado sino aumentar las
condiciones de inseguridad en vez de mejorar la situación.
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