Los dos hombres están presos desde 2010 en el Cereso de
Huauchinango, luego de que en 2008 fueron electos como presidente auxiliar y
juez menor en Atla, logrando que todas las familias de la comunidad tuvieran
agua de manera gratuita mediante la distribución gratuita de tomas de agua.
Así, José Ramón y Pascual le quitaron el control al grupo caciquil que controlaba
este recurso y ejercía abusos tanto físicos como económicos para que los
habitantes pudieran tener acceso al mismo –en ocasiones pedían hasta cinco mil
pesos por toma de agua –.
El año pasado, el grupo al que le fue arrebatado el control
del agua fabricó un delito de robo de automóvil utilizando un denunciante y
dos testigos falsos; el caso estuvo lleno de irregularidades y José Ramón y
Pascual purgan una condena de seis años 10 meses y 20 días
Actualmente, el Centro de Derechos Humanos Miguel AgustínPro Juárez, A.C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, sj. están
llevando el caso, pidiendo que se respeten los Derechos Humanos de ambos
defensores, pues esto sólo demuestra que la injusticia sigue existiendo contra
quienes defienden los intereses comunitarios y no de unos cuantos.

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