Luego de que la denuncia contra Felipe Calderón Hinojosa,
misma que fue firmada por 23 mil personas, fuera presentada ante la Corte Penal
Internacional (CPI), la Presidencia de la República emitió un comunicado donde
asegura que “el Gobierno de la República explora todas las alternativas para
proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e
instancias nacionales e internacionales“.
La demanda fue promovida por el abogado de la UNAM Netzai
Sandoval, quien ha logrado reunir hasta el momento cinco mil firmas gráficas y
las demás vía internet.
Entre los acusados destacan tanto el Presidente como Joaquín
el Chapo Guzmán, líder del poderoso Cártel de Sinaloa, así como los titulares
de la Secretaría de Marina, de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
La Presidencia de la República asegura que los casos de
violaciones a los Derechos Humanos por parte de elementos de las fuerzas de
seguridad del Estado “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos
resultado de una política institucional“, enfatizando que “el Poder Judicial es el responsable de
castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para
que los jueces cumplan con su deber“.
El hecho de que Felipe Calderón busque emprender acciones
legales en contra de los miles que expresaron públicamente su repudio ante la
estrategia adoptada por el Gobierno Federal en contra del crimen organizado,
únicamente demuestra que la actual administración sabe que la demanda puede
proceder.
Si el Gobierno tuviera la conciencia limpia, no tendría
necesidad de amenazar a los ciudadanos, para quienes trabaja. Esta demanda es
un claro ejemplo de cómo se debe proceder en estos casos, poniendo un alto al
abuso de poder y a las violaciones de Derechos Humanos que se llevan a cabo de
manera prácticamente cotidiana desde que Calderón Hinojosa llegó al poder en
2006.
Por @aranhera
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