Miembros del Congreso local y un grupo de ex
guerrilleros presentaron la iniciativa de ley para la creación de la Comisión
de la Verdad, la cual busca esclarecer las más de 600 desapariciones y
asesinatos por parte tanto del Ejército
Nacional como de las fuerzas de seguridad pública que tuvieron lugar durante la
guerra sucia, de 1969 a 1979 en dicha entidad.
El día de hoy, fueron presentados los avances
de la iniciativa en el Congreso, donde se especificó que no serán investigadas ni
la masacre de Aguas Blancas en 1995 –ligada al ex Gobernador Rubén Figueroa
Alcocer-, ni la de El Charco, en 1997, a la cual se asocia al actual titular
del Ejecutivo estatal, Ángel Aguirre.
Los ex guerrilleros Octaviano Santiago
Dionisio, Arturo Gallegos Nájera, Alejandra Cárdenas Santana y Nicomedes
Fuentes fueron quienes encabezaron la ceremonia, acompañados por Fausto Soto
Ramos, presidente de la Comisión de Gobierno de la legislatura, quien informó
que el 30 de este mes se llevará a cabo un foro público informativo en el
puerto de Acapulco.
Pese a que las autoridades de Guerrero
parecen tener cierta voluntad política, sorprende que se haya decidido omitir
las dos masacres en las cuales estaban involucrados Gobernadores más recientes.
Ante ello, Soto Ramos explicó que “Primero
decidimos abarcar esta etapa de la guerra sucia con las desapariciones de
Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria, y Juan García Fierro, del Partido de los Pobres. El que mucho
abarca poco aprieta”.
El 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17
campesinos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, mientras que el 7 de junio de
1997 fueron ejecutados 11 indígenas mixtecos en la primaria Caritino Maldonado
Pérez en la comunidad del Charco, Ayutla de los Libres.
Santiago Dionisio dijo que están conscientes
de que “el Ejército es una institución intocable en el país, que hasta el
momento, más allá del discurso no se ve voluntad para que haya justicia, pues
los archivos militares están cerrados y mucha información de aquel tiempo
todavía no se conoce”,
Los ex guerrilleros están a la espera de
conocer la postura del Gobierno Federal respecto a la Comisión de la Verdad,
pues de los cientos de desaparecidos y ejecutados, sólo ha trascendido el caso
de Rosendo Radilla, que aunque fue tomado por la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano no ha obedecido las recomendaciones
que emitió dicho organismo.
Por @aranhera
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