El organismo nacional explica en su recomendación 61/2011 que cinco mil 710 personas resultaron afectadas con las fuertes lluvias a causa de presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades al incumplir en el desarrollo del Plan Integral Contra Inundaciones (PICI), mismo que no se ha concluido pese a tener que estar listo desde 2006.
Además, los denunciantes que presentaron sus quejas ante la CNDH aseguran que en 2007 el presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó la creación del Plan Hídrico Integral para el estado de Tabasco (PHIT) a través de Conagua, al cual se le destinaron miles de millones de pesos.
El PHIT, de acuerdo a la recomendación de la CNDH, tenía como objetivos específicos “el manejo integral de las cuencas, la optimización en la operación del sistema hidroeléctrico, el desarrollo de criterios para el ordenamiento territorial y de un sistema de información geográfica y previsión meteorológica, así como la reubicación de viviendas en zonas de riesgo“.
Sin embargo, debido al tráfico de influencias y a la corrupción, dicho plan no se terminó correctamente, por lo que la CNDH acusó a las autoridades tanto estatales como municipales de haber violado los Derechos Humanos de los casi seis mil tabasqueños afectados.
Los quejosos aseguraron que tanto el Gobierno Federal como el estatal los desplazaron de sus viviendas utilizando personal de Conagua, Sedesol, del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), y la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del estado de Tabasco (SAOP), diciéndoles que tenían que desalojar sus viviendas por el riesgo que corrían ya que las comunidades podrían inundarse.
El documento de la CNDH detalla que “ante la negativa a abandonar sus propiedades, los quejosos señalaron que el gobierno federal y el de Tabasco, en coordinación con el municipio de Centro, comenzaron a derribar, destruir y demoler sus casas utilizando maquinaria pesada de las llamadas “manos de chango” y “trascabos”, obligando a quienes se opusieron a abandonar sus inmuebles, mediante el empleo de la fuerza pública, utilizando para ello elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Policía Ministerial, quienes, según su dicho, de manera prepotente y arbitraria derribaron las puertas de sus casas para introducirse en ellas y sacarlos
a golpes y empujones, e incluso arrastrándolos y jalándolos de los cabellos“.
La CNDH considera que todas las anomalías deben investigarse tanto por el Órgano Interno de Control de Conagua, así como por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, el organismo de vigilancia de los Derechos Humanos urge a las autoridades concluir cuanto antes los trabajos del PHIT para disminuir la vulnerabilidad de los tabasqueños en riesgo, así como reparar los daños lo antes posible y crear un plan para contingencias que establezca “medidas efectivas que permitan brindar la atención oportuna durante el desarrollo del evento hidrometeorológico; y, posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad y salvaguardar a los habitantes“.
Por María Aranzazú Ayala (@aranhera)
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