Los manifestantes se reunieron de manera pacífica y leyeron
un pronunciamiento donde opinan que las amenazas de Calderón Hinojosa “viola la
Constitución mexicana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, además
de que podrían afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de
expresión y la convivencia democrática en el país”.
Cabe destacar que desde 2005, el país es parte del Estatuto
de Roma, el cual es un instrumento que “autoriza a toda persona y organismos
civiles a presentar información al fiscal cuando se considere que en el país se
han cometido crímenes de competencia de la CPI”.
En el mensaje, los firmantes detallaron que la única
instancia que puede hacer algo al respecto de la demanda impulsada por el
abogado Netzai Sandoval es la propia CPI.
Entre los que acudieron a las instalaciones de la PGR
destacan el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro
Góngora; el historiador Lorenzo Meyer; el investigador y asesor de la ONU,
Edgardo Buscaglia y el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Diego Valadez, entre otros.
Luego de 40 minutos de haber comenzado la manifestación,
Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de
la PGR, salió resguardado por ocho escoltas, invitando a los protestantes a que
formaran una comisión pues esa no era “la forma correcta“ de comportarse.
“Somos ciudadanos con nombre y apellido, en pleno ejercicio
de nuestros derechos, no estamos al servicio de nadie ni tenemos intereses
ocultos”, respondieron los denunciantes.
Las autoridades de la PGR confirmaron que hasta ahora no hay
denuncias interpuestas por Calderón Hinojosa contra alguno de los firmantes de
la denuncia.
Miembros de varias instituciones de Derechos Humanos se han
pronunciado en contra de los amagos del titular del Ejecutivo Federal para con
la ciudadanía, entre ellas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro
Prodh), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Human
Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
Por @aranhera
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