Los defensores de derechos humanos, Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, miembros del Colectivo Obreras Insumisas A.C., encargado en la defensa de mujeres maquiladoras, han recibido amenazas por ser los defensores legales de costureras que trabajan en la empresa Exportadora de Pantalones S.A de C.V., ubicada en el municipio de Tehuacán.
De acuerdo a un informe del Colectivo, el pasado 5 de julio, trabajadoras de la empresa Exportadora de Pantalones fueron despedidas debido al paro que realizaron un día anterior, para exigir mejoras a sus precarias condiciones de trabajo. Por ello, buscaron la asesoría de Obreras Insumisas y presentaron una demanda laboral y un embargo precautorio.
Tres días más tarde, en una reunión con el representante del Sindicato Industrial de Trabajadores y Empleados en General de la Confección de Ropa, Fabricación, Venta y Distribución, Maquilas, Conexos y Similares del Estado de Puebla “Manuel Rivera Anaya” de la FROC-CROC, Joaquín Reyes, este les advirtió que la cabeza de los dos defensores de derechos humanos, Rodrigo Santiago y Reyna Ramírez, tenía un precio.
El día 15 de julio en el que se llevó a cabo la ejecución del embargo precautorio, estaba presente Rodrigo Santiago Hernández como asesor de las trabajadoras. Un hombre se le acercó y le dijo que si seguía “haciéndole al chingón” iba a “valer verga”.
Después, el pasado 4 de octubre, al terminar una asesoría impartida por Rodrigo, para los trabajadores y trabajadoras de la empresa Exportadora de Pantalones, apareció el mismo hombre que lo había amenazado anteriormente y le advirtió que si seguía así “chingando con la demanda” iba a “valer madres” y que dejara de querer ser el héroe pues le iba a ir muy mal.
Por lo tanto, este 17 de octubre, Santiago Hernández, acudió ante un agente del Ministerio Público del Municipio para presentar una denuncia por amenazas, la cual, después de 3 horas de espera, rechazaron, con el argumento de que no tenían tóner para imprimir la ratificación de la denuncia.
En el informe, la organización exige a las autoridades que brinden garantías a los defensores de derechos, investigue los amagos y castigue a los responsables.

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